CACHETAZO AL SISTEMA SANITARIO Y AL ORDEN LEGAL


 

Como todos los Farmacéuticos de Córdoba saben, tenemos un grave conflicto generado por la empresa farmacity SA, que abrió 4 locales de farmacia en la Ciudad de Córdoba, a pesar de que la Ordenanza vigente, lo prohíbe expresamente. Para poder cumplir con su objetivo, recurrió al Superior Tribunal de Justicia de Córdoba que, a través de una medida cautelar, le permitió lograr su cometido.

Seamos claros y pongamos el problema en la dimensión que corresponde: no es una cuestión de 10 farmacias afectadas, ni de interpretación de normas, es mucho más que eso, es un conflicto sanitario y moral.

¿Porque sanitario? Porque la Ordenanza N° 12816 establece las distancias mínimas para la localización de nuevas farmacias, atendiendo a la necesidad de que toda la población tenga acceso al medicamento. La norma citada pretende que la radicación de locales de farmacias no siga un criterio comercial, sino que garantice el acceso al medicamento como bien social, aún en aquellos lugares más vulnerables, donde, tal vez, no sean muy atractivos comercialmente. Un sistema sanitario inclusivo y equitativo, no debe permitir que en el centro de Córdoba se encuentren dos farmacias o más en pocos metros y en otros barrios, la gente deba deambular y hasta incluso tomar transporte en busca de su medicación. Por eso, la finalidad de la Ordenanza N° 12816 es la de garantizar, el acceso al medicamento en toda la Ciudad, como sucede en otros municipios de la provincia.

También es un problema de dimensión ética y moral, porque las leyes están para ser cumplidas por toda la sociedad, sin excepciones. No podemos aceptar que quienes, ostentan poderío económico y político, cuenten con privilegios y encuentren siempre un atajo a la medida de sus necesidades comerciales.

Un claro ejemplo de adecuación a la norma fue el de dos farmacias, que, al momento de la sanción de la Ordenanza, no habían acondicionado sus sucursales y quedarían excluidas de la nueva normativa.  Pero, hicieron lo lógico, lo que hace cualquier persona o empresa que está acostumbrada a regirse a derecho y a respetar las normas, realizaron los trámites administrativos en la Municipalidad de Córdoba, antes de la promulgación de la Ordenanza y pudieron abrir sin ningún inconveniente.

Si pudieron estas farmacias, tal vez con menos recursos ¿por qué farmacity decidió ir directamente al TSJ? Si estas farmacias pudieron cumplimentar ¿cuál es el derecho que se le cercenó a La Empresa? Teniendo posibilidades de cumplimentar lo requerido por la norma ¿por qué el TSJ hizo lugar al pedido y le permitió abrir? 

La falta de respuestas a estas preguntas permite afirmar que es un problema ético y moral. Nadie pinta un auto de amarillo, contrata un chofer y después pretende trabajar fuera de norma, y si no puede, recurre al TSJ aduciendo pérdidas económicas por haber comprado el auto, por haberlo pintado y por haberle pagado al chofer. La duda es, si esa persona que compro el taxi ¿tendría alguna posibilidad de hacer su reclamo en el máximo órgano de Justicia de la Provincia?

Desde el Colegio de Farmacéuticos hemos hecho y seguiremos haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para que las leyes y normativas vigentes se cumplan a rajatabla, garantizando así, el acceso al medicamento y la sustentabilidad de las farmacias.

No nos quedamos ni nos quedaremos de brazos cruzados, este un problema de todos los farmacéuticos que abrazamos nuestra profesión, con la pasión que supone pertenecer a los equipos de Profesionales de la Salud. Nuestros actos no los define el mercado, sino la concepción ética del ejercicio de nuestra profesión.

Farm. Germán Daniele

Pte. Colegio de Farmacéuticos de Córdoba

Pte. Amprosa

Sec. Cofa